AUTRAF presente.
Siempre luchando para defender las libertades que nos quieren quitar.
Siempre luchando para defender las libertades que nos quieren quitar.
Fuente: http://manini.uy/programa.pdf
Pág. 174 (Base del desarme Civil)
Las armas de fuego existentes en nuestra sociedad constituyen un riesgo concreto que nos amenaza a todos/as, especialmente a las mujeres. Se evaluará y regulará bajo criterios más estrictos las armas de fuego y se promoverán modificaciones normativas sobre la tenencia y uso de armas por parte de los/as civiles y de los cuerpos de seguridad y su contralor. Se implementarán acciones para el efectivo desarme en el marco de las modificaciones normativas y de sus competencias.
El Observador - Diego Sanjurjo
Los programas de desarme no son realmente efectivos para bajar el delito.
En 2015 tuve la fortuna de trabajar varios meses en el centro de investigación Small Arms Survey de Ginebra (Suiza), donde más de 40 expertos internacionales asesoran a autoridades y gobiernos sobre cómo enfrentar problemas de seguridad complejos: desde el cuidado de arsenales militares hasta el tráco internacional de armas, la presencia de bandas y pandillas o el estallido de guerras civiles.
Es también este centro de investigación el que realiza periódicamente un relevo del número de armas pequeñas y ligeras en circulación, donde Uruguay suele puntuar alto con relación a la proliferación civil de armas de fuego. Y es que, según sus estimaciones, nuestra sociedad es la más armada de América Latina (ver gráco 1), la segunda más armada del hemisferio y la quinta más armada del mundo, superados solo por Estados Unidos, Yemen, Montenegro y Serbia.
De acuerdo con esta estimación, los civiles uruguayos tendríamos casi 1.200.000 armas de fuego, de las cuales solo la mitad estarían registradas. Como toda estimación, contiene un margen de error considerable, y es probable que la “cifra negra” de armas ilegales sea menor, como han estimado a partir de encuestas algunos académicos locales. Sin embargo, para un país de 3 millones de habitantes, el número de armas registradas –unas 605 mil– es ya de por sí bastante alto. Por eso, es correcto catalogar a la sociedad uruguaya como fuertemente armada, más allá de que no sepamos con exactitud qué posición ocupa en el ranking.
Por otro lado, la relación de muchos uruguayos con las armas de fuego siempre ha sido cercana, pero es recién en los últimos años que estas han comenzado a dominar la escena delictiva: Hasta 2011, solo 49% de los homicidios se cometían con armas de fuego. En 2018, lo fueron 71% (ver gráco 1).
Son estos dos factores los que han llevado a algunos sectores del Frente Amplio ha poner la mira sobre la proliferación de armas y su vínculo con la delincuencia. En concreto, el precandidato Mario Bergara propone prohibir la tenencia de armas en manos de civiles, si bien no ha dado detalles sobre cómo podría implementarse. Mientras tanto, desde el sector Casa Grande se quiere llevar adelante una nueva campaña voluntaria de desarme. En este caso, vale la pena recordar que ya hubo dos campañas de esta índole en los últimos años.
El enfoque no es novedoso: si en las derechas latinoamericanas es común el discurso de la mano dura, el desarme civil suele estar entre los principales reclamos de las izquierdas. Más aún, la conjunción de ambas propuestas recuerda al Estatuto brasileño del Desarme, una estricta política de control de armas que fue aprobada en 2003 por el Partido de los Trabajadores (PT) y que el nuevo presidente brasileño está intentando dejar sin efecto. La misma suele ser mencionada desde ambos sectores del Frente Amplio, porque dicultó enormemente la compra de armas por parte de civiles e incluyó una campaña de desarme que recolectó casi 460 mil armas.
En Brasil, los partidarios del Estatuto alegan que es la única medida que logró revertir temporalmente el aumento constante de la violencia armada. Sus detractores, en cambio, niegan su impacto positivo y critican una ley que diculta el acceso a las armas de fuego por parte de una población desamparada, a la merced de criminales y delincuentes armados.
Analicé dicha política en profundidad en una columna anterior. En efecto, tras su implementación hubo una importante reducción de las muertes por armas de fuego, pero esta se dio solo en la mitad de los estados. Además, casi la totalidad sucedió en San Pablo, donde la reducción comenzó a notarse un año antes, tras la reforma y el fortalecimiento de la policía estadual. Por eso, lo más probable es que la reducción temporal de los homicidios no fuese una consecuencia directa del Estatuto, sino más bien su implementación conjunta con otras medidas de alto impacto en ciertos estados. La realidad, además, es que el Estatuto del Desarme no logró contener el aumento drástico de la violencia por mucho tiempo: en 2009 las tasas de homicidio volvieron a los niveles de 2003 y desde entonces no han parado de crecer.
Pero más allá del caso concreto, hay dos argumentos generales que dicultan las posibilidades de éxito de estas estrategias. El primero es que la correlación entre proliferación de armas y criminalidad suele ser baja. Es decir, no hay una relación clara entre sociedades más o menos armadas y niveles altos o bajos de delito, ni dentro ni afuera de América Latina. Sin ir más lejos, se estima que Canadá tiene el mismo número de armas de fuego por habitante que Uruguay, y su tasa de homicidios es once veces menor que la nuestra. La clave suele estar en el contexto en que se sitúan las armas.
En países como Suiza y Canadá, la proliferación de armas no suele traducirse en violencia. En el contexto latinoamericano suele pasar lo contrario, ya que incluso bajos niveles de proliferación presentan una letalidad muy elevada.
El segundo argumento es que quienes participan en los programas de desarme son usuarios de bajo riesgo, cuyas armas suelen estar descompuestas o tienen pocas posibilidades de ser mal utilizadas. Los delincuentes, por el contrario, adquieren sus armas en el mercado negro y no suelen participar de los programas de desarme, salvo cuando estos incorporan algún incentivo perverso que les permite obtener una ganancia. Lo mismo aplica a los usuarios de riesgo, quienes no suelen estar dispuestos a entregar sus armas gratuitamente y menos aún si las tienen por razones de seguridad.
Por eso, en la literatura internacional prima la visión de que estos programas no son realmente efectivos para incidir en el delito. La criminalidad es el resultado de una multiplicidad de factores y el acceso a las armas de fuego es solo uno de ellos. Si en los últimos años ha aumentado el delito armado, es porque en Uruguay se ha instalado el crimen organizado. Es la misma tendencia que vimos en Brasil y en otros países de la región, donde el aumento de los asesinatos cometidos con armas de fuego demostró deberse al establecimiento y mayor actividad de pandillas. Es el combate a estos grupos y a los mercados que los sustentan lo que va a dar resultados contundentes. Teniendo eso en cuenta, no es mala idea apostar por una campaña voluntaria de desarme permanente. Tenemos una sociedad fuertemente armada y dichas estrategias sí pueden ser útiles para prevenir otros hechos de violencia, como son los accidentes y suicidios. Estos últimos siguen siendo la primera causa de muerte violenta en nuestro país, por cierto.
Pero, en denitiva, la efectividad de estos programas depende de la coyuntura. La mayoría de los uruguayos se sienten desprotegidos frente a una criminalidad cada día más osada e impredecible. Siempre me pareció que despotricar la tenencia de armas en estas circunstancias denota cierto elitismo. Las armas de fuego pueden ser un instrumento letal para generar violencia y perpetuar crímenes, como también pueden ser un instrumento efectivo de defensa personal contra el delito. Yo no poseo armas de fuego, no me gustan ni reconozco un derecho inalienable a tenerlas. Ahora, si hoy tuviese que atender un almacén en un barrio complicado de Montevideo, probablemente estaría armado. Por las dudas.
Franco González junto a sus contrincantes de la ronda final.
Franco González volvió a destacarse en el Grand Prix de Fosa Olímpica realizado en Brasil, en la ciudad de Caxías. La competencia internacional de Tiro contó con la participación de 60 tiradores, representantes de varios país sudamericanos. El uruguayo González ocupó el primer lugar en Categoría Junior, mientras que se ubicó en la cuarta posición en la tabla general. La actuación del tirador celeste fue de las más destacadas ya que terminó batiendo su propio récord en competencias internacionales, en lo que fue un gran apronte para los Juegos Odesur que se realizarán el próximo año.
San José dirá presente en los VI Juegos Parapanamericanos que tendrán lugar este año en Lima (Perú). El tirador maragato Carmelo Milán logró un cupo para dicha instancia tras una destacada actuación en el Abierto Nacional de Tiro Paradeportivo cumplido en Cali (Colombia)
Dicho certamen, organizado por el Comité Paralímpico de aquel país, tuvo lugar el pasado mes con la participación de 53 deportistas procedentes de Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, EEUU, México, Perú, Puerto Rico y Uruguay; siendo el último evento clasificatorio en la disciplina para los Juegos Parapanamericanos 2019.
El tirador maragato -único representante uruguayo en la competencia junto a su entrenador Gonzalo Goldzak (foto)- logró la Medalla de Plata en la modalidad de Rifle de aire tendido 10 mts.(R5), con una marca de 251.5, detrás del brasileño Bruno Stov (251.5) y delante del colombiano Luis Pérez (217.1). En tanto que en la de Rifle de aire de pie 10 mts. (R4) logró la presea de bronce con un puntaje de 220.6, detrás del brasileño Stov (246.8) y el colombiano César Durán (245.9).
Las marcas alcanzadas por Milán le permitieron clasificar a los Parapanamericanos a disputarse en la capital peruana del 23 de agosto al 1º de septiembre de 2019 en Lima, con la participación de 33 países de América en 18 deportes. Dicha instancia será clasificatoria para los Juegos Paralímpicos de 2020 a disputarse en Tokio (Japón)…el gran objetivo que se trazó el tirador maragato.
Con 19 años se convirtió en la primera finalista uruguaya en Copas del Mundo. Batió el récord nacional absoluto y mundial junior
La uruguaya Julieta Mautone hizo historia en la Copa del Mundo de tiro deportivo en Múnich, Alemania, donde se metió en final de la pistola de aire 10 metros. Además de lograr algo inédito para Uruguay, batió el récord mundial junior (sub-21) de la fase de clasificación.
Mautone, de 19 años de edad y medalla de oro en los Juegos Odesur de Cochabamba 2018, terminó en la fase de clasificación con un total de 585 puntos para finalizar segunda en la general y meterse en la gran final, instancia a la que sólo accedieron las ocho mejores.
Con ese puntaje la representante del Club Uruguayo de Tiro no sólo batió el récord nacional femenino que estaba en su poder con 577 puntos, sino que también superó la marca masculina que era de 583 unidades.
Pero además se convirtió en récord mundial junior de la fase de clasificación (sobre 60 tiros), dejando por el camino la marca de la china Ranxin Jiang, que también era de 583
"Fue increíble", contó Mautone a FútbolUy desde Alemania: "estaba muy concentrada en lo mío y de repente me di cuenta que se empezó a juntar gente detrás mirando cómo tiraba. Y cuando hice el último tiro de repente siento una ovación inesperada".
"Nunca me imaginé hacer un puntaje así de alto en un Mundial y que tiradores famosos mundialmente me vinieran a saludar, es inexplicable. Incluso los sudamericanos estaban todos hinchando por mí, es algo inolvidable", agregó.
"En esa ronda de 60 tiros cuyo puntaje final son 600 puntos perdí solo 15, lo cual ahora lo estoy procesando y es una locura", agregó.
De esta forma la uruguaya se metió en la final entre las ocho mejores, dando ventaja de edad y siendo la gran sorpresa de la cita alemana, para terminar en la séptima colocación de la Copa del Mundo.
"A muchos les tenía que explicar que venía de Uruguay, ya que no conocían el país. La verdad que fue todo espectacular, quedé muy contenta porque pude superar las expectativas y es un buen paso previo a los Juegos Panamericanos de Lima", finalizó
Junto a Mautone compitieron en Múnich el olímpico Rudi Lausarot y Jonathan Ayala en rifle de aire comprimido 10 metros finalizando con 608,1 y 606,9 puntos respectivamente. A ellos se les sumarán Ignacio Hernández en pistola de aire 10 metros y Franco González en fosa olímpica, para la cita de Perú.
Escribo esto un poquito condicionado, porque casi nunca tuve suerte con la justicia y los jueces en España. Mi experiencia es poco satisfactoria. En los años 80, tras un reportaje sobre la ultraderecha, un juez que tocaba esa música me quiso empapelar por mencionarlo, aunque luego, tras apelaciones y recursos, todo quedó en nada. Peor suerte tuve cuando un individuo pretendió sacarme 80.000 mortadelos acusándome de plagio, y tras ganarle tres juicios se dio la casualidad de que el último cayera en manos de una compañera de profesorado en la misma universidad, puerta con puerta, del abogado de mi parte contraria (naturalmente, nada tuvo que ver eso con la sentencia; lo cuento solo como simpático y superfluo detalle costumbrista). Hasta el episodio más reciente tiene su puntito de recochineo judicial: un miserable que me cubrió de calumnias fue absuelto porque, aunque se reconocen en la sentencia las mentiras y las calumnias, según el texto yo soy personaje conocido pero el calumniador no lo es; y eso le da perfecto derecho a inventar y publicar un currículum chungo con absoluta impunidad. Lo punible, claro, habría sido lo contrario. Que yo me ciscara en su puta madre. Ahí sí me habrían sacudido bien, sus señorías.
Con el ánimo templado por tan deliciosos antecedentes, y otros que omito por no aburrir una vez gané un juicio en Canarias, pero tardé meses en creérmelo, leo la sentencia sobre el anciano de 83 años al que un jurado popular se ha pasado por la piedra por matar a uno de los dos ladrones que asaltaron su casa. Por suerte para el matador, me digo, no era personaje conocido; porque en tal caso tal vez le habría caído una temporada más larga y ejemplarizante. Pero tuvo suerte. Como se trataba solo de un abuelo que no escribe novelas ni firma artículos ni sale en la tele, que dos facinerosos se le metieran en casa y le dieran una buena estiba a él y a su anciana esposa, y que él agarrara una pistola y a sus 83 años, insisto le pegara un tiro a uno de ellos, y luego le pegara otro tiro más, le ha costado solo dos años y medio por rápido de gatillo. El abuelo "podía haber utilizado otras alternativas igual de efectivas", dice la sentencia; como, por ejemplo, "la mera exhibición del arma o efectuar un nuevo disparo al suelo en espera de disuadir al asaltante". Así que, bueno. Eso. Treinta meses de talego de los que sí se cumplen. Si no lo indultan antes, saldrá con 86 tacos de almanaque y podrá, reintegrado al fin a la sociedad contra la que obró, rehacer su vida.
Imaginen, con cuanto acabo de contar, cómo lo supongo de crudo el día, o la noche, en que dos treintañeros malosos decidan hacerme una visita a domicilio: mi procedimiento a seguir, habida cuenta de que aún no tengo atenuante octogenario, pues soy un vigoroso adulto de 66 tacos. A ver cómo convenzo al juez o al jurado de que, si le suelto un escopetazo con postas a uno que se cuele en casa a las tres de la madrugada, lo habré hecho tras considerar serena y fríamente si no tendría a mano otras alternativas igual de efectivas, o si la mera exhibición del arma, una vez encendida la luz para que la vean, no bastaría para disuadir a la peña. Porque, a fin de cuentas, yo soy personaje conocido "Reverte se carga a dos pobres intrusos nocturnos y anónimos sin averiguar sus intenciones"; y ellos, criaturas tratadas de modo injusto por la sociedad capitalista, a los que mi perdigonada fascista privaría de la posibilidad de una reinserción idónea.
Así que aquí ando, oigan. Preparando mi defensa judicial por si luego no me da tiempo. Estableciendo un protocolo. Antes que nada, si abro los ojos y encuentro a alguien en mi dormitorio, deberé encender la luz y preguntar si ha entrado a robar o a pedirme un autógrafo. Después, una vez confirme sus intenciones delincuentes, averiguaré si va armado de pistola o navaja, a fin de que mi respuesta, en caso de ser violenta, sea también proporcional. Nada de escopetazo si lleva pistola, ni de pistoletazo si lleva navaja, ni de sable de caballería si lleva garrote. Cuidadín con eso, que los jueces se fijan mucho. En el peor de los casos, si va artillado, procuraré que él dispare primero; y solo en caso de que no me mate, dispararle yo. Aunque sin matarlo, por supuesto. Porque si me lo cargo, sin duda alguien apreciará en lo mío un exceso de legítima defensa. Así que lo primero será tirar al aire. Pum. Y solo si eso no lo disuade podré apuntar a una pierna; aunque procurando, claro, no darle en la femoral, porque entonces palma y la liamos parda. Y a la cabeza, desde luego, ni se me ocurra. Ahí solo podré dispararle en caso de que él me haya matado antes. Y aun así, ya veremos.