El senador Carlos Daniel Camy, suplente del ministro del Interior, Jorge Larrañaga, en la cámara alta, planteó el martes en la Comisión de Constitución y Legislación que es necesario aplazar nuevamente el artículo de la ley que regula la tenencia de armas que obliga a los poseedores de armas de fuego a regularizar su tenencia, esta vez por dos años.
Se trata del artículo 6° de la Ley 19.247, aprobada en agosto de 2014. El plazo para el registro de armas ya se había prolongado en agosto de 2019, y establece en su última redacción que para agosto de este año “quienes ya posean armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados en forma antirreglamentaria” deben regularizar “su situación ante las dependencias del Ministerio del Interior y del Ministerio de Defensa Nacional habilitadas para tal fin”. Además, la normativa habilita a la “entrega voluntaria” de este tipo de armamento en dichas oficinas sin ningún tipo de justificación, que “serán inmediatamente derivadas al Servicio de Material y Armamento del Ejército a los efectos de su destrucción”. Según la norma, entregar las armas o regularizar su tenencia evitaría las sanciones dispuestas en la ley en caso de una tenencia ilegal, que son multas de entre 10 y 1.000 Unidades Reajustables (entre 12.550 y 1.255.000 pesos).
Durante la comisión, Camy recordó que la prórroga se aprobó durante la legislatura pasada por unanimidad, y sostuvo que, a partir de algunos pedidos de informes que cursó, “se detecta que no se logró el objetivo que la ley perseguía, que era la entrega de armas de manera voluntaria”. El senador informó que entre 2015 y 2017 sólo le llegaron al Servicio de Material y Armamento del Ministerio de Defensa Nacional unas 1.362 armas, cuando “desde 1943 a la fecha hay en el registro aproximadamente de unas 605.000”.
“De esto se desprende claramente la situación en que está la tenencia de armas en el país. Pero si esto también lo enmarcamos en que la tenencia irregular de armas está tipificada en el artículo 152 del Código Penal como un delito penal, miles de uruguayos están en una situación delictual, con enormes dificultades para poder tramitar el permiso”, expresó el legislador. Luego agregó: “Lo que más me preocupa es que en el interior es muy normal heredar una escopeta o un revólver del abuelo. Basta, según nos han dicho varios abogados, que una persona tenga un arma vieja de mero adorno en una barbacoa para que, si no está registrada, quede en una situación penal concreta”.
Para el senador, a pesar del “loable fin” de la norma, esta no advertía que “la suma de instancias que hoy tiene un ciudadano que quiere regularizar sus armas provoca dificultades tales que hacen que sea prácticamente imposible completar el trámite, por lo que la gente desiste”. Como ejemplo, sostuvo que el Servicio de Balística entrega 20 números por semana, cuando tendría que poder regularizar “cientos de miles de armas”. Esta situación, explicó, “puede implicar el riesgo de que las armas ingresen al mercado negro, porque la gente puede llegar a venderlas por no poder regularizarlas, y también hay una situación de practicidad”.
Por eso, Camy ahora plantea un plazo de dos años para “regularizar la situación de cientos de miles de tenedores de armas y, al mismo tiempo, promover efectivamente una campaña que haga conocer la situación a todos los interesados en nuestro país”.
Camy es el único senador de Alianza Nacional, el sector que lidera Larrañaga, y esta cartera apoya la iniciativa que promueve el legislador. El subsecretario del ministerio, Guillermo Maciel, explicó a la diaria que debido a que hubo “falta de difusión e información” la normativa es desconocida, pero el gobierno la apoya. “No hablamos de modificar la ley, pero sí de un plazo de promoción y difusión de forma tal que la mayoría de la ciudadanía se entere si tienen armas no registradas y eviten quedar en infracción”, expresó. Al igual que Camy, destacó que el problema principal con la tenencia de armas se da en el interior.
En tanto, la senadora frenteamplista Liliam Kechichián dijo que la bancada de la oposición discutirá el tema el lunes, pero se mostró a favor de apoyar la prórroga, porque el hecho de “que mucha gente pueda quedar en una situación ilegal tampoco ayuda”. Kechichián admitió que en su momento pudo haber habido problemas en la difusión de la norma, y sostuvo que el tema principal es que muchas personas “de bien” que tienen armas desde hace años “no tienen internalizado” que tienen que hacer un trámite.
